Por Carlos Reyna
Al hermano Paul McAuley no lo están expulsando por alteración del orden público. La resolución del ministro del Interior invoca esa razón, pero no la fundamenta. Solo alude vagamente a su presencia en marchas y en una red ecológica.
Participar en marchas o en un movimiento ecológico no es perturbar el orden público. Tampoco les está prohibido a los extranjeros. A ellos se les permite incluso ser elegidos alcaldes. Si pueden ser candidatos municipales, entonces también pueden estar en alguna marcha o apoyar alguna causa pública como personas comunes.
La resolución tendría que mostrar, como fundamento, que McAuley cometió actos ilegales durante esas marchas o como ecologista, pero no informa sobre tales actos. Solo remite vagamente a un atestado policial misterioso. Un halo de rotunda arbitrariedad rodea a esta medida.
La misma resolución, sin embargo, permite entrever la verdadera razón que la inspira.
Señala que el atestado policial data de agosto de 2009. O sea dos meses después de los sucesos de Bagua. Sobre esos hechos, la mayoría de la opinión pública ha señalado que la mayor responsabilidad corresponde a las autoridades de gobierno. Un diario conservador como El Comercio, en su momento, opinó lo mismo. Y un informe del congresista Guido Lombardi, un liberal sensato, demostró esa responsabilidad con lujo de detalles.
Pero la infeliz lectura de esos sucesos, por este gobierno y todos sus operadores, es que fueron el resultado de una red de agitadores de todo tipo, que manipularon a los indígenas y los indujeron a la violencia. Parte de esa red serían diversos religiosos extremistas y ecologistas radicales. Por entonces, en su retórica de resonancias místicas, el presidente García los llamó “falsos cristos, mentirosos eternos”.
Ya este diario, La República, ha reseñado la labor social de 20 años que ha hecho McAuley en el Perú. La mitad, en un barrio pobre de Lima. La otra mitad, en la Amazonía. Su labor la hacia muy lejos de Bagua. No es sacerdote, obispo ni Cristo. Sólo hermano y ecologista.
El 11 de junio pasado, a días de cumplir un año exacto lo de Bagua, el ministro del Interior firmó su expulsión para aliviar las heridas narcisistas de su Presidente. Contaban con el silencio del Cardenal, por supuesto.
fuente: Diario la república
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