Inaceptable y desafortunada: estas dos palabras grafican la actuación de Doe Run y del Estado Peruano frente a la antigua y previsible situación de orfandad ambiental y de salud que enfrentan los pobladores de La Oroya. Los últimos sucesos de violencia en clara violación de la ley, se suman al historial de la falta de responsabilidad legal y social de la empresa Doe Run Perú para cumplir con sus obligaciones, así como del Estado para exigir su cumplimiento. En este proceso los más perjudicados han sido los trabajadores y la población, cuyos derechos esenciales son seriamente afectados sin que hasta el momento se hayan alcanzado los objetivos trazados hace 12 años desde que se entregó la concesión minera a Doe Run.
Por lo anterior:
- Rechazamos el uso de la violencia como mecanismo de protesta y expresamos nuestra solidaridad con la familia del suboficial de la policía Grover Sayco Taipe, quien pagó con su vida el precio de esta suma de actos ilegales y de la incapacidad de todos para evitarlos. Asimismo, deseamos la pronta recuperación de las personas heridas en estos sucesos.
- Exigimos a las autoridades competentes, en concordancia con las normas y el respeto a los derechos humanos, remediar lo antes posible las consecuencias que en la salud tendrá esta nueva licencia para postergar el cumplimiento del PAMA por parte de Doe Run, y adoptar medidas de urgencia para garantizar, de un lado el cumplimiento de las nuevas obligaciones asumidas por la empresa y, de otro, el seguimiento y control de las enfermedades que afectan a la población, especialmente a los niños y niñas de La Oroya.
- Es evidente que la empresa ha aprovechado la debilidad del Estado y las necesidades laborales y económicas de la población sin considerar las consecuencias que ello tendrá para el ambiente, la salud, la vida y la integridad de las personas.
- Además, es lamentable que el Poder Ejecutivo haya derivado al Congreso de la República el manejo legal de un asunto administrativo de su absoluta competencia, en clara vulneración del Art. 103 de la Constitución Política del Perú que establece que no se pueden expedir normas con nombre propio en beneficio de una única persona/empresa. El antecedente que se genera en el Perú con la situación de Doe Run es nefasto pues la nueva prórroga contraviene el Decreto Supremo Nº 046-2004-EM mediante el cual se consideró improrrogable el plazo otorgado para el PAMA, y desconoce también la Resolución Suprema Nº257-2006-MEM-DM expedida también por presión de la empresa. Con esta decisión el Perú demuestra su incapacidad para hacer cumplir las normas ambientales y desconoce el derecho internacional que nos obliga a respetar los derechos humanos y el ambiente.
- La nueva extensión del PAMA es casi igual en lapso de tiempo a la otorgada en el 2006, y no para la mitad de una planta de ácido sulfúrico, como ahora, sino para tres plantas consideradas claves para el control de la contaminación en la zona. Debe recordarse además que el PAMA incluía otras acciones para mejorar la salud y el ambiente, así como planes de evaluación y vigilancia epidemiológicos, cuyo grado de cumplimiento no ha sido siquiera considerado para esta ampliación.
- Justamente, respecto a las responsabilidades de tutela de derechos, actualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está evaluando las consecuencias de la falta de control adecuado del complejo metalúrgico de La Oroya sobre la salud, la vida e integridad de las personas; así como la responsabilidad internacional del gobierno peruano en ello. Resulta paradójico que eventualmente ante la CIDH el Estado asumirá la responsabilidad no solamente por su negligencia sino también por la omisión de la empresa y el costo finalmente lo pagaremos todos.
En suma, exigimos que la empresa Doe Run Perú y las instancias del Estado involucradas con el control y vigilancia de las operaciones de la empresa en la ciudad, informen mensualmente sobre las medidas de prevención en curso contempladas en el PAMA y brinden garantías financieras y reales de protección a la población, incluyendo a los trabajadores que laboran allí. Todos los ciudadanos debemos impedir que esta situación se repita en La Oroya o en cualquier otra parte del país.
Lima, 25 de septiembre 2009
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente – AIDA
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA
CooperAcción
Red Muqui
Red Regional Agua y Desarrollo de Piura
Grupo Ciudadano Piura, Vida y Agro Godofredo Barcía Baca
Asociación Civil Labor
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz - FEDEPAZ
Asociación Marianista de Acción Social - AMAS
Proyecto Amigo
Centro Labor Pasco
Red Uniendo Manos contra la Violencia
Grupo para la Promoción del Desarrollo de los Andes - GRUPO ANDES
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